Papa invoca justicia y verdad en el 10º aniversario de la masacre de migrantes en San Fernando
BUENA NUEVA.- En el rancho Huizachal, San Fernando, en el fronterizo estado de Tamaulipas, 72 migrantes fueron masacrados el 24 de agosto de 2010 a manos del crimen organizado. Eran migrantes de diferentes nacionalidades (Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador), que buscaban una vida mejor; fueron concentrados en una bodega abandonada, luego fueron asesinados con el tiro de gracia por haberse negado a trabajar para el crimen transportando en sus mochilas la droga a Estados Unidos. Freddy Lala, ecuatoriano sobreviviente a la masacre, logró caminar 20 kilómetros hasta un retén de la Marina para denunciar los hechos.
Ante el cumplimiento del décimo aniversario de la masacre, el Papa Francisco invocó «justicia y verdad».
«Eran personas de diferentes países que buscaban una vida mejor. El Señor nos pedirá que demos cuenta de todos los migrantes caídos en los viajes de la esperanza. Han sido víctimas de la cultura del descarte», afirmó el Pontífice.
Políticas migratorias más justas
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también mostró solidaridad y recordó a las víctimas, señalando que este hecho y muchos otros de secuestro, extorsión y asesinatos a tantos otros migrantes antes y después, es una situación que se sigue dando hasta nuestros días, y pone al descubierto la fragilidad del Estado mexicano frente a la proliferación de grupos delincuenciales que han permeado todo el territorio nacional, así como la vulnerabilidad de toda la población frente a los criminales, pero especialmente de las personas migrantes, quienes fácilmente caen en manos de los grupos al margen de la ley.
Este acontecimiento de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, y de tantos otros que hoy en día siguen siendo víctimas del crimen organizado, exigen del gobierno políticas migratorias más justas y accesibles que no obliguen a los migrantes a vivir en la clandestinidad y convertirse en presa fácil de estos grupos.
Las políticas migratorias que buscan frenar y reprimir la migración solo favorecen a los grupos criminales que hacen de las personas migrantes un objeto de negocio que les genera altas sumas de dinero.
«Como Iglesia, nos duele la situación por la que atraviesan muchos hermanos y hermanas migrantes, y nos solidarizamos con las familias de estos 72 y de todas las personas migrantes que han sido víctimas del crimen organizado en nuestro país y que hoy claman por justicia y verdad», compartió el episcopado mexicano.
Discriminación
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino (casi siempre, Estados Unidos). Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno (mexicanas o extranjeras) desde Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables. Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.
